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[Gandalf]

29 DE MARZO: FOLGA XERAL NACIONAL

CHAMAMENTO:

A tod@s traballador@s desempregad@s, a tod@as aquel@s hoxe en activo e que mañá iredes ao paro, á xuventude cun futuro sen traballo, @s xubilad@s que virán perigar as súas pensións, @as estudantes sen máis horizonte que a emigración, aos pequenos comerciantes afogados polos Carrefours, aos mariñeiros no umbral da ruína, @s estafados pola usura da banca, @s desahuciados polas hipotecas, a todos os homes e mulleres con memoria e con dignidde: o 29 de marzo imos á Folga Xeral Nacional en Galiza.

QUEREMOS UN FUTURO CON TRABALLO E DIGNIDADE
FRONTE Á BARBARIE DA REFORMA LABORAL, XUNT@S TEMOS FUTURO!

MANIFESTACIÓN EN CANGAS ÁS 18H. NA ALAMEDA
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non che hai terra como ela

[Nilo]

Los sindicatos cavan su propia tumba


Predicadores a piñón fijo del resentimiento, anclados en un añejo discurso de clase, apresados por intereses excluyentes... ¡qué bajo han caído los sindicatos! Durante un tiempo gozaron de simpatía y apoyo en la España que recuperó sus libertades.

Sus líderes, Nicolás Redondo y Marcelino Camacho, hombres decentes, tenían el halo heroico de la resistencia antifranquista y prestaban cierta legitimidad a gobernantes de la Transición, ansiosos por el pacto y el borrón y cuenta nueva. Después, alegremente impidieron los intentos de Felipe González de ajustar las reglas heredadas de la Organización Sindical a las exigencias de una economía abierta. Sus sucesores, entronados como agentes sociales, harían lo propio con José María Aznar. Nunca comprendieron que los tiempos habían cambiado. Inflados de autoestima, presumiendo de superioridad moral, fueron incapaces de adaptarse a la nueva realidad social y económica.

Con la crisis y con la magra competitividad de España al descubierto, el aprecio por los sindicatos comenzó a quebrarse. A mi juicio, está en marcha, tarde pero por fin, una importantísima mudanza de percepción que reconocerá a los sindicatos, sobre todos sus líderes, por lo que son y los colocarán en el irrelevante sitio que les corresponde. El próximo jueves pueden muy bien perder lo que les resta de respeto y consideración. Los sindicatos han perdido la brújula en el país que triplica el paro en Alemania.

Al contrario de lo que se negoció ahí con un Gobierno socialdemócrata en anticipación de un nuevo entorno globalizado, se niegan a admitir cualquier transformación estructural del marco laboral. La excepcionalidad de España, y conviene recordarlo ahora que el país está de nuevo bajo la mirada crítica de los mercados de deuda, se debe a su altísima tasa de desocupación. Esta lacra que condena España al estancamiento se debe a la rigidez de su mercado de trabajo y la consiguiente dualidad de los contratos laborales. Por defender esto, que es injusto además de ineficaz, los sindicatos pretenden paralizar el país el próximo jueves.

La última huelga general, el 29 de septiembre de 2010, contra las medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo del Gobierno de José Luis Zapatero fue un fracaso y el tiempo se encargó de demostrarlo. La Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras no forzaron una marcha atrás gubernamental; muy al contrario, nueve meses después el Gobierno introdujo una nueva ley denominada de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva, y no impidieron el irrefrenable ascenso al poder del centroderecha.

Cuando una estrategia muestra ser inútil y contraproducente, se elige otra, salvo que la toma de decisiones esté en manos de las direcciones de UGT y CCOO. No se les ocurre otra cosa que convocar otra huelga general. El paro del 29 de marzo es la respuesta sindical a la ley del pasado mes de febrero, llamada una vez más –¡que poca imaginación!– medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. Confiemos que el día siguiente no aparezcan en las portadas de los medios internacionales encapuchados haciendo salvajadas.

La iniciativa del Gobierno de Mariano Rajoy se mueve, eso si con más ambición y carga de profundidad, en el mismo hilo conductor que el de las anteriores del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La movilización que se repite contra la reforma, de nuevo con la ilusa pretensión de revocarla, equivale a dar golpes de cabeza contra la pared. Y por esos coscorrones no pasa la ciudadanía. Encuesta tras encuesta indica que los cambios en el marco laboral gustan poco o nada. Difícilmente iban a entusiasmar cuando el empleo fijo y de por vida sigue incrustado en el imaginario de amplias capas de la población. Sin embargo, también indican que, mayoritariamente, la gente no apoya la huelga general y acudirá, si puede, a su puesto de trabajo.

Ellos si que van a cobrar, ¿a quien representan?, ¿a quien defienden?, ¿donde estaban cuando esto ya se veia venir?, ¿no hemos pagado un precio demasiado caro, para que ahora vengan ellos de "salvadores?[/b]

[Nilo]

La moderación salarial no llega a los principales sindicatos españoles, que siguen disfrutando de fuertes subidas salariales o de generosas dietas gracias a unos convenios colectivos pactados antes de la peor crisis de las últimas décadas. Funcionarios y pensionistas tienen que hacer sacrificios para reducir el déficit público, pero estas organizaciones siguen ajenas al recorte de las políticas sociales.

Los trabajadores de UGT no verán disminuido su poder adquisitivo a pesar de que sus sueldos también dependen, en gran medida, de las subvenciones de las Administraciones. Los sindicatos se financian básicamente con las aportaciones del Estado central y de las CCAA, y con las cuotas de sus afiliados.

Los trabajadores del sindicato que dirige Cándido Méndez, el más cercano al PSOE, se han beneficiado durante los últimos dos años de una subida salarial superior al 7%. Según publicaba el BOE el 9 de junio de 2009, su poder adquisitivo aumentó el año pasado un 3,75%, a pesar de que el Índice de Precios de Consumo (IPC), que suele utilizarse para revisar los sueldos de los empleados en las compañías, retrocedió un 0,3% de media. Los salarios pactados en España en el sector privado crecieron un 2,4% el año pasado.
[foto de la noticia]

Sin austeridad
Esta subida contrasta con el convenio que pactaron los propios sindicatos en la función pública, que establecía leves incrementos de sueldo del 0,3% hasta 2012 y una cláusula de revisión salarial antes de las elecciones generales de 2012. Con la suspensión vía decreto de los acuerdos económicos de ese convenio, las diferencias entre los trabajadores sindicales y los estatales se amplía.

Según el convenio colectivo del personal laboral de UGT, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2011, los empleados de esta central sufrirán subidas salariales este año y el próximo superiores al 1,75%, a lo que habría que sumar el objetivo oficial de inflación, del 2%.

En estos incrementos salariales no están contempladas las retribuciones de los dirigentes, que, según aclara el documento, tienen un estatus diferente. Tan sólo se sabe que Méndez reconoció en el programa Tengo una pregunta para usted que su sueldo ronda los 2.500 euros al mes.

La situación es algo distinta en CCOO, donde sólo han pactado incrementos adicionales a la evolución del IPC del 0,25%. Sin embargo, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO fijó los salarios de algunos miembros de su Comisión Ejecutiva Estatal por encima de los 37.000 euros anuales. Sus colaboradores cobrarían 28.000 euros anuales.

Según las cifras extraídas de un documento interno de CCOO, para un número significativo de los miembros de la mencionada comisión ejecutiva con categorías de ordenanzas, auxiliares y administrativos de diferentes administraciones la medida supone duplicar, o incluso triplicar, los ingresos que perciben como trabajadores.

La crisis sigue sin llegar a las centrales
La capacidad adquisitiva de los sindicalistas y del resto de los empleados de UGT ha mejorado sustancialmente desde que se aprobó el nuevo convenio colectivo de la organización. A ellos parece que la crisis no les afecta, por lo que no han decidido recurrir al artículo 28.1 de su convenio marco, que permite no aplicar los aumentos salariales pactados con los empleados por razones económicas.

Según la cláusula, "aquellos organismos que, debido a su situación económica, acrediten objetiva y fehacientemente que no pueden asumir el incremento salarial pactado por este convenio, podrán no aplicar lo pactado en esta materia en el mismo".

Sin apretarse el cinturón
Los trabajadores y los directivos de CCOO siguen teniendo unas condiciones económicas similares a las que tenían antes de la crisis, ya que el Ejecutivo de Zapatero no ha decidido frenar las transferencias de dinero público a estos organismos, como propone el Partido Popular.

Mientras que la Administración se ajusta el cinturón, estos empleados siguen disfrutando de aportaciones extra para hacer frente a gastos como las dietas de manutención, los gastos de telefonía móvil e Internet o el alquiler de vivienda si los trabajadores se tienen que desplazar de ciudad y los gastos derivados (luz, agua, electricidad...).

[Nilo]

Uno de los secretos mejor guardados desde el comienzo de la transición política ha sido la financiación de las organizaciones sindicales. Los sindicatos, tan dispuestos siempre a exigir transpa- rencia a las empresas, a los organismos e instituciones, llevan más de 30 años ocultando sus finanzas, siendo así que la abrumadora mayor parte de los recursos que manejan procede del erario en la distintas administraciones.

El seguimiento sistemático de las cuentas no permite más que avizorar algunas cantidades, pero no es difícil asegurar su alto montante, si se tiene en cuenta que miles de municipios, 17 comunidades autónomas y la Administración Central son pródigos contribuyentes a estas organizaciones.

La complejidad organizativa de los sindicatos, con aparatos centrales y estructuras terri- toriales descentralizadas, superpuestas a las sectoriales, hace más complejo e imperseguible el objetivo de conocer una cifra, siquiera aproximada, del dinero que manejan.
La polémica representatividad

La clave de la financiación reside en el criterio de sindicato más representativo, una condición que se adquiere con el 10 por ciento del resultado electoral en las centrales de ámbito nacional. Es decir, Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO).

El Ministerio de Trabajo financia por una doble vía a las centrales sindicales. Una partida presupuestaria para 2010 (que es exactamente la misma que se aprobó para 2009), alcanza 15.798.500 euros, destinados a la financiación basada en la representatividad, según los resultados globales obtenidos en elecciones sindicales legalmente convocadas. Su destino es vago e indeterminado: actividades de carácter sindical.

Hay una segunda partida de los Presupuestos del Ministerio de Trabajo, también reproducida literalmente de 2009 al proyecto de 2010, por importe de 4.800790 euros, que se destina a compensación económica por participación de centrales sindicales y organizaciones empresariales en los órganos consultivos centrales y territoriales del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social.

Hasta aquí nos movemos en el ámbito de la transparencia de los recursos, independientemente de la consideración que merezca esa dependencia de los impuestos. En adelante, comenzamos en las arenas movedizas de la financiación indirecta, a través de una trama de subvenciones y pagos en especie que todas las administraciones y otras instituciones pagan. Ese es el agujero negro.
Forma, que algo queda

La formación es la gran ubre que surte de dinero a los sindicatos y también a la patronal. En concepto de formación intersectorial, las dos centrales más grandes recibirán este año 21.083.110,63 euros y en la formación sectorializada el conjunto de los sindicatos percibirán 172.667.675,5 euros, de los que 83.461.408,7 euros corresponden a CCOO y 85.025.943 a UGT. Para el resto de sindicatos quedan otros 4.184.000 euros. Sumados los dos ámbitos, la formación reporta a UGT 95,55 millones de euros y a CCOO 94,01 millones de euros.

[Nilo]

Toxo consiguió un ático de protección oficial ganando 114.000 euros anuales

Hasta el momento podía parecer que las viviendas de protección oficial se dirigían a familias de pocos recursos. Salvo que lideres un sindicato de izquierdas. Si no ¿cómo se explica que Ignacio Fernández Toxo lograse un piso protegido, a pesar de que sus ingresos triplicaban lo exigido?

[Nilo]

Una nueva profesión.

Los liberados, de los que se estiman unos 57.000 en toda España, se han convertido en los verdaderos señores del sindicalismo español. Estos días es difícil encontrar en los órganos de dirección de las grandes centrales personas que ejercieran su profesión durante 10 o 15 años en una empresa, pública o privada, o en la Administración. El sindicalismo, cosa de activistas espontáneos hace dos o tres décadas, está ahora profesionalizado. Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, los secretarios generales de UGT y CCOO, son dos ejemplos de trayectoras unidas de forma indisoluble al sindicalismo.

Cándido Méndez, un ingeniero técnico especializado en química, hijo de un socialista histórico, Cándido Méndez Núñez, se afilió a la UGT con 18 años. Con sólo 23 años empezaba su activad sindical en la Federación de la Construcción de Jaén, a donde su padre fue “desterrado” en los años del franquismo y se llevó con él a su familia desde Badajoz. A partir de ahí, desde su primera afiliación, Méndez, que lleva desde 1994 (16 años) al frente de la UGT, ya no paró: con 26 años era miembro de la ejecutiva provincial y con 28, diputado al Parlamento español.

Toxo, de CCOO, electricista de profesión, es otro ejemplo de liberado temprano. A los 15 años ya coqueteaba con los sindicatos y con sólo 19 era uno de los dirigentes obreros de la Bazán en El Ferrol. Después de ser despedido y encarcelado (por la huelga general de El Ferrol de 1972) y vivir unos cuatro años en clandestinidad, reanudaba su carrera sindical y se convertía en presidente del comité intercentros con menos de 30 años.

La tónica es similar entre los colegas de Toxo o Méndez en las ejecutivas confederales de los dos sindicatos, repletas de personas que se iniciaron muy temprano como liberados. En la UGT, Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical, era ya liberado con 25 años, igual que Manuel Fernández, Lito, secretario de MCA-UGT, que se inició también sobre los 28. Ana Micó, de Política Territorial, ha pasado casi toda su vida como activista sindical, igual que Isabel Navarro-Navarro, que empezó su carrera de liberada sobre los 23. La situación es muy similar en CCOO, donde miembros de la Ejecutiva como Antonio del Campo (Organización), Salce Elvira (Investigación e Innovación), Rodolfo Benito (Estudios), Jordi Ribó (Economía Social) o Antonio Camacho (Formación Sindical) se convirtieron en liberados y cargos del sindicato entre los 20 y los 26 años.

Ya no son lo que eran.

Cualquier comparación entre la actualidad y la época pionera en la que Marcelino Camacho fundaba Comisiones y Nicolás Redondo refundaba UGT es pura casualidad. La de liberado ha sido posiblemente una de las dos o tres actividades que más han crecido en la actual década, gracias a un boom económico que ha disparado la población laboral española desde los 12 millones de personas de 1995 a los cerca de 18 millones de ahora (20 millones en el año 2008). “La afiliación durante los años buenos, hasta 2007, creció al 5%, por encima incluso del crecimiento de la población ocupada”, asegura Del Campo.

Este incremento de la población ocupada les ha venido muy bien a los grandes sindicatos y a sus cuadros. Un crecimiento que no les ha obligado, además, a ningún esfuerzo adicional, dado que la ley establece unas cifras de representación sindical por centro laboral al margen de que sus trabajadores estén o no afiliados a un sindicato. A pesar de todo, los sindicatos intentaron y consiguieron todavía mayores incrementos de representación. Con pactos sucesivos con los dirigentes políticos en la administración central, las autonomías o los ayuntamientos, y de todos los partidos, han conseguido hacerse al final con cuotas de representación –y liberados- muy superiores a las fijadas en la ley.

Esto fue exactamente lo que ocurrió en Madrid. Por eso en algunos círculos políticos llama la atención que la presidenta Aguirre, que no ha explicado nunca cómo llegó a ese volumen desbocado de cargos sindicales, esté en condiciones de suprimir de un plumazo 1.800 liberados sindicales cuando la cifra total está alrededor de los 3.500. No hay que ser un matemático para concluir que tenía justo el doble de los que establece la ley. De otro modo, no podría suprimirlos. ¿Cómo se produjo esa inflación de liberados? Según los propios sindicalistas consultados, a través de dos métodos: dar más horas de representación sindical y subdividir los centros de trabajo, hasta entonces únicos, en varios. Dos métodos aplicados, hay que decirlo, no sólo en Madrid sino en toda España y en todas las administraciones.

“Pese a que la ley fija 40 horas por cada delegado a nivel de comité, les están dando 75 horas, lo que acaba inflando (doblando) el número de liberados”, apunta Fidel Manrique, secretario general de la CNT. Igual pasó en Madrid con la subdivisión de centros laborales acometida por la presidenta. “Fue Aguirre –explica el propio Antonio del Campo, de CCOO– quien se dedicó hace cuatro años a atomizar los centros laborales, por lo que fuera, porque querían congraciarse con los sindicatos o dirigir el sistema educativo o sanitario de otra manera”.

Fernández, de USO, opina igual y denuncia que “hace cuatro años había una junta electoral para toda la Enseñanza en Madrid y Aguirre la subdividió, sin ninguna justificación aparente, en cinco juntas, lo que multiplicó la cifra de delegados y liberados”. Ahora, la Enseñanza volverá a ser un centro único, igual que la Sanidad, que pasará también de 11 a un solo centro, lo que permitirá reducir en varios centenares los 918 liberados de esta área. Este sindicalista explica que “es como si hubieran estado pagando una especie de peaje para tener paz social, algo así como ‘yo te doy más liberados, y tú me cuidas”.

La explicación de por qué se consiguen más delegados con esas divisiones de centros laborales es sencilla: según va subiendo la población de trabajadores, el ratio de representación es menor. Mientras que en un centro con 100 trabajadores los delegados o miembros del comité de empresa tienen derecho a 20 horas mensuales, en uno de 2.000, por ejemplo, sólo tienen derecho a 40 horas.

Pero hay más: “Al hacer centros más pequeños han logrado cerrarnos las puertas a los minoritarios”, acusa Manrique, de la CNT. ¿Cómo? Puede que un sindicato que tenga un 3% de afiliados en la Enseñanza de Valencia o en la Sanidad de Galicia logre una representación en todo el colectivo: pero si lo subdividen en 5 o 10 centros, sus posibilidades son muy inferiores. “Hay que tener en cuenta que los 420 sindicatos minoritarios que hay en España no llegamos al 15% de representación”, añade este dirigente de la CNT.

Esto de la inflación de liberados no es un tema baladí. A los sindicatos mayoritarios les ha interesado hacerse con más cargos sindicales liberados en organismos y empresas por varias razones. La primera, la tendencia natural de las estructuras burocráticas a crecer porque sí. Pero hay razones de más peso. Una de ellas es que los liberados sindicales de más nivel, al compaginar su cargo en la empresa con cargos en el sindicato, le salen gratis a la organización.

Esto lo reconoce el propio Del Campo, de CCOO: “El que una parte de esos liberados estén en los órganos de dirección sindical es positivo, porque nos permite ahorrar sueldos”. Estos ahorros (junto con las subvenciones públicas) son necesarios una vez que los ingresos de las centrales sindicales por cuotas son mínimos. Se calcula que si los 2,2 millones de afiliados de CCOO y UGT pagaran su cuota, cada una de estas centrales ingresaría en torno a los 100 millones de euros. La cifra real no se acerca, sin embargo, ni a la mitad.

Una gran potencia.

Los resultados están a la vista. Puede que España sea la gran potencia de liberados de Europa. Las cifras son vertiginosas. “Se habla de 300.000 delegados y un mínimo de 57.000 liberados”, apunta Celinda Sánchez, diputada del PP que lleva un año intentando que el Gobierno le diga cuántos liberados hay en España. Estos 57.000 de los que habla la parlamentaria popular, la cifra sobre la que hay más consenso en España, suponen un funcionario sindical por cada 315 trabajadores, y vendrían a costar a las administraciones y empresas españolas un total de 1.600 millones de euros al año.

La proporción es incluso mayor en algunas autonomías como Andalucía, donde se calcula un total de 37.000 delegados sindicales (entre administraciones y empresas), de los que unos 8.400 estarían liberados y costarían en torno a los 229 millones de euros. Con respecto a su total en las empresas, un estudio de la CEOE de principios de año concluye que habría unos 4.000 liberados a tiempo completo con un coste de 250 millones de euros.

Pero el tremendo éxito de los sindicatos puede acabar revelándose como un arma de doble filo. Todos estos excesos se han podido mantener en época de vacas gordas. Pero en plena crisis, y ante la necesidad de una estrategia más beligerante, se han encrespado los ánimos de sus hasta ahora benefactores, como el caso de Aguirre en Madrid. La crisis, por tanto, también ha caído como una losa sobre bastantes sindicalistas. “Con cinco millones de parados –apunta Celinda Sánchez– no se puede admitir una cifra tan excesiva de liberados sindicales”.

Este modelo de sindicalismo, afectado transversalmente por acuerdos y silencios, y preocupado en muchas ocasiones por mantener el poder de la estructura interna del sindicato más que por los problemas de sus representados, es el que está en juego. Con liberados o no, con más o menos horas sindicales, la huelga del día 29 marcará un antes y un después.

Tras la jornada de paro vendrá el recuento, y de su éxito o fracaso dependerá el lado de la balanza del que se incline el aumento de poder negociador de unos u otros. Para las empresas, y sobre todo para el Estado como empresario, puede abrirse la vía de reducir privilegios y cambiar el modelo de relación con los sindicatos. Para estos últimos, el triunfo de la huelga general, lejos de suponer una palanca que haga cambiar de opinión al Parlamento y al Gobierno, es una lucha por la supervivencia de un modelo de poder que comienza a estar seriamente cuestionado.